Adolescentes, jóvenes y violencia en el discurso de los medios de comunicación

Este texto es un extracto del artículo “Adolescentes, jóvenes y violencia en el discurso de los medios de comunicación” publicado en la Revista “ La Trama”

Florencia Brandoni Licenciada en Psicología (Universidad de Buenos Aires), mediadora, diplomada en Estudios Superiores Universitarios, (CEM y Universidad de Paris 8) 2010. Mediadora del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación desde 1993 a la fecha. Compiladora y co-autora de “Hacia una mediación de calidad”, Editorial Paidós (2011), co-autora de “Acerca de la clínica de mediación”, Librería histórica (2005) y compiladora de varios libros. Miembro del Tribunal de Habilitación para el Registro de mediadores. Coordina el área de investigaciones del Instituto del Conflicto de Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde también es docente de mediación

Verónica Moñino Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Buenos Aires). Docente de la materia Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Coordinó el Área de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2003-2012). Actualmente, integra el equipo de Contenidos y Publicaciones del INADI. Desde 2009 es Secretaria de redacción de la revista TWG Magazine

Daniela Vetere Abogada, con orientación en derecho internacional público, ex Coordinadora del Programa de Seguimiento de la implementación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en materia de Niños, Niñas y Adolescentes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Actualmente se desempeña como Prosecretaria Administrativa en la Comisión de Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación.

Los medios de comunicación vinculan sistemáticamente a los adolescentes y a los jóvenes con la violencia, el delito y el peligro; al tiempo que los presentan, de manera enfática, en carácter de victimarios y, escasamente, en el rol de víctimas de tales situaciones, más aún cuando se trata de adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.La instalación de ese estigma en el imaginario social es un ejercicio de violencia que vulnera sus derechos, cercena sus posibilidades de inserción social y de las oportunidades laborales, y genera condiciones propicias para la planificación de políticas públicas con enfoques punitivos..

La Naciones Unidas a través de sus recomendaciones, el EVCN advierte que los países deberían alentar a los medios de difusión a promover valores no violentos y a aplicar directrices para garantizar un pleno respeto de los derechos de los niños y niñas en todas las coberturas mediáticas.

En el presente artículo nos proponemos reflexionar sobre este problema social; y promover una comunicación periodística responsable, que no replique esas representaciones discriminatorias y estigmatizantes.

 Estudios psicoanalíticos como Aberastury, Arminda, Konbel, Mauricio en “ Adolescencia Normal”  refieren a la adolescencia y la postulan como un territorio que se va construyendo de acuerdo a avances y retrocesos a lo largo de un tiempo no lineal, con circuitos laterales, progresivos, regresivos e incluso transgresivos. En este territorio se despliega la subjetividad, cuya característica clave es la vulnerabilidad, y para su construcción se requiere de la presencia del otro. Esta subjetividad se despliega en diferentes procesos: construcción de identidad; apropiación y construcción del espacio subjetivo; emancipación. Así, los fracasos en el pasaje por cualquiera de estos escenarios dará lugar a vivencias de desapropiación y vaciamiento emocional, anomia o sujetamiento a pautas infantiles. La construcción de la identidad es un proceso significativo porque se produce en el marco de una radical reestructuración de las identificaciones de la infancia, organizadas alrededor de las figuras parentales. Así, los pares y los  grupos de pares adquieren un lugar central en la conformación de la identidad adolescente. En este sentido, cuando en la grupalidad se generan lazos solidarios y creativos, donde es posible el ocio y una circulación activa, se consolida el proceso de construcción de la identidad. Por el contrario, los grupos hostiles o expulsivos complican este proceso. Además, un contexto de tanta oferta consumista como el actual, que propone identificaciones y valores de difícil o imposible acceso para una franja importante de adolescentes y jóvenes, puede interferir negativamente en el proceso de subjetivación. En este marco, los lazos y los intercambios que proporciona la grupalidad, contribuirán a consolidar o fragilizar este proceso.

La construcción del espacio subjetivo requiere entonces mojones, guías, adultos, en el que, desde luego, la escuela y el trabajo son anclajes articuladores muy importantes. En este contexto, la exclusión es entendida como rechazo de las instituciones y puede tener efectos traumáticos. La presencia de adultos e instituciones previene y respalda, no porque indiquen el sendero correcto, sino porque evitan quedar fuera del camino. La exclusión conduce a la pasividad o a modalidades de actuación y violencia; a la anomia; borra marcas identificatorias y genera un vacío de sentido de la existencia. Por todo ello, Efrón concluye que es preciso promover demandas subjetivantes, singularizadoras y emancipadoras.

En cambio, el concepto de generación remite a la edad procesada por la cultura y la historia. Cada generación se socializa en la época que le toca vivir y con los códigos culturales de ese momento histórico, presentando diferencias con las generaciones precedentes. Esas diferencias se concentran estratégicamente en los instrumentos con los que se aprecia, percibe, conoce el mundo y construye la realidad. Por ello, cada generación construye nuevas estructuras de sentido e integra con nuevas significaciones los códigos preexistentes. La generación acompaña toda la vida, mientras que la juventud es sólo un estadio. Mucho se ha vinculado la juventud al concepto de moratoria social, que refiere la postergación de las responsabilidades adultas, es decir, del matrimonio y del ingreso al trabajo, en pos de un tiempo libre socialmente legitimado, un estado de gracia, generalmente vinculado a la formación y al estudio, que tiende a alegarse por la complejidad creciente del conocimiento y de las exigencias del mercado laboral. La moratoria social está asociada a los adolescentes de clase media y alta, ya que los jóvenes de clases populares entran más tempranamente al mundo del trabajo.

Ser joven es prestigioso. Así lo expresa la estética dominante que publicita el cuerpo legítimo del joven como paradigma deseable para todas las edades, caracterizado por la esbeltez, la blancura, la aptitud atlética. A ella se asocia la decisión, la audacia, el romance, el erotismo y la innovación. La juventud como signo se transforma en mercancía y da lugar a espacios de producción y comercialización (dietas, gimnasia, maquillajes, etc.). Por otra parte, vale destacar que, simultáneamente, las representaciones sociales negativas, desesperanzadas, condenatorias, estigmatizantes, también son una marca de época que promueve los consensos de sentido común que han escindido a la juventud de los jóvenes. La juventud está cargada de valoraciones positivas; es el pináculo de la potencialidad biológica, de la vitalidad y la belleza, es portadora de rebeldía, entusiasmo, audacia y renovación. Sin embargo, los jóvenes concretos inmersos en situaciones de vulnerabilidad, portan los estandartes contrarios: son peligrosos, inconstantes, inmaduros, apáticos, irresponsables. Esta caracterización descalifica socialmente a los valores estéticos, históricos y culturales de estos últimos.

Definición del problema social

 Enrique Martín-Criado explica cómo un problema  puede convertirse en un problema social. No lo atribuye a las características objetivas de la cuestión, sino  que existe todo un trabajo político de construcción y selección por parte de lo político  de un ámbito de tomar una  realidad en detrimento de otras  para opacar otras cuestiones más preocupantes  que constituirían un problema social mayor.

El autor formula la hipótesis de que la juventud suele convertirse en campo de proyección de los temores de cambio social. Los cambios sociales se proyectan en los jóvenes y esa proyección se sustenta en dos dinámicas: se percibe el cambio generacional a partir de la experiencia de la propia trayectoria social, y/o los jóvenes actuales son la imagen del futuro de la sociedad (el futuro del estado depende de la socialización de las jóvenes generaciones), por lo que se amplifica la visibilidad de todo lo que pueda definirse como problema juvenil.

Ubicar a la juventud como problema social implica sostener que los jóvenes causan problemas, tienen problemas o son un problema. Esta localización del grupo jóvenes como problema social expande el temor, se retroalimenta con los discursos morales y si es exitoso, se generan consensos que habilitan políticas represivas hacia el grupo. Este proceso de constituir a los jóvenes como problema social se debería a la profundización y extensión de la pobreza y al clima de desesperanza con la idea del fin de la historia, que afectó en particular a los jóvenes, empujándolos a una representación de peligrosidad, e impulsó diseño de dispositivos de intervención social, que van desde aquellos que fijan a los jóvenes a los lugares de carencia (delincuencia y consumo de drogas, entre otros) hasta de espacios de participación ciudadana.

Los medios de comunicación y las representaciones discursivas

 Los medios masivos de comunicación son agentes de fundamental importancia e influencia en la generación, refuerzo o transformación de imágenes (en tanto representaciones sociales), de hechos, procesos o actores. Son referencias clave en la construcción de sentido de los fenómenos sociales, de las creencias que orientan las interacciones y las ideas sobre el mundo, que coadyuvan a estructurar las prácticas individuales. Junto con otras mediaciones como la pertenencia social, sus experiencias y su historia, los medios van dando forma a los marcos de referencia que sus públicos utilizan para interpretar y discutir asuntos comunes. Son actores con participación activa en la construcción y disputa por la hegemonía de definir conflictos sociales, silenciar otros y constituirse en escenarios de batallas políticas y simbólicas.

Los medios masivos de comunicación, especialmente los diarios, tienen un lugar privilegiado en la producción, reproducción y consolidación de los discursos: no solo instalan ciertos temas en agenda sino que instauran sentidos que se difunden generalizadamente. Lo hacen a partir de la construcción de determinadas representaciones discursivas acerca de hechos, actores sociales, lugares, con los que muchas veces los lectores no tienen contacto directo. Estas imágenes que se montan en el discurso de las noticias, a partir del contrato de lectura que establece que los diarios presentan información objetiva, muchas veces es consumida por los lectores como “la verdad”.

La perspectiva de Derechos Humanos

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) contiene importantes disposiciones que establecen cómo deben ser tratados los asuntos referidos a personas menores de edad por parte de los medios de comunicación. Así, el artículo 2 instituye la protección de los niños contra toda forma de discriminación (artículo 2), y la obligación de respetar el “interés superior del niño” en toda circunstancia (artículo 3), lo que debe ser interpretado como la prioridad de velar por los derechos del/1a niño/a frente a otros derechos de igual jerarquía.

Por su parte, el artículo 16 establece la obligación de respetar la honra y reputación del niño, evitando injerencias ilícitas en su vida privada y familiar. En lo que refiere a adolescentes infractores o presuntos infractores a la ley penal, el artículo 40 prevé que los Estados deben velar por el respeto pleno de su vida privada en todas las fases del procedimiento. Finalmente, podemos destacar las pautas establecidas en el artículo 17 que específicamente refieren a aquellas acciones que los Estados Partes deben adoptar para que los medios de comunicación adecuen sus acciones a los estándares de este instrumento de derechos humanos. Allí se reconoce la importante función que desempeñan los medios de comunicación y el acceso a la información. El artículo establece, entre otras cosas, que los Estados deben promover la producción y difusión de información y de materiales para los niños. Cabe resaltar que también se establece la necesidad de elaborar directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar. El artículo 19 de la CDN es la disposición base en torno a la cual giran todos los debates y estrategias encaminados a prevenir y combatir todas las formas de violencia. Estos debates se hacen extensivos a todas las formas de violencia descriptas y las recomendaciones concomitantes del Estudio de Violencia Contra Niños (EVCN). Es por ello que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, aprobó en 2011 la Observación General Nº 13 “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”. Dicho documento realiza un análisis jurídico del alcance del artículo 19 y en éste describe y define todas las formas de violencia; entre ellas, la violencia en los medios de comunicación: “Los medios de comunicación, en especial los tabloides y la prensa amarilla, tienden a destacar sucesos escandalosos, con los que crean una imagen tendenciosa y estereotipada de los niños, y en particular de los niños y adolescentes desfavorecidos, a los que se suele retratar como violentos o delincuentes, solo por su comportamiento y aspecto diferentes. Estos estereotipos allanan el camino para la adopción de políticas públicas basadas en un enfoque punitivo que puede incluir la violencia como respuesta a faltas supuestas y reales cometidas por niños y jóvenes”.

Las acciones previstas para la prevención contra toda forma de violencia identifican la necesidad de concertar alianzas con todos los sectores de la sociedad, incluidos los propios niños, las ONGs y los medios de comunicación.

En el orden nacional, esta misma mirada está receptada en la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El artículo 5 de dicha ley dispone que “Los Organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal

Mientras que el artículo 9 de dicha ley reconoce que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad, a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; el artículo 10 establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida privada e intimidad y en el marco de la vida familiar, es que estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales.

De vital importancia es el artículo 22, el cual expresamente regula la actividad de los medios de comunicación en relación a los derechos antes enunciados. En tal sentido expresa que “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar”.

Cabe finalmente expresar que nuestro país posee legislación específica en materia de servicios de comunicación audiovisual, que contiene normas que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así, el artículo 17 de la ley 26.522 crea el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, de conformación multidisciplinaria, pluralista y federal, que tiene por funciones la elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes; establecer criterios y diagnósticos de contenidos recomendados o prioritarios; y señalar los contenidos inconvenientes o dañinos para los niños, niñas y adolescentes, con el aval de argumentos teóricos y análisis empíricos. Es necesario destacar que la ley 26.522 establece en el artículo 70 que la programación deberá “evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes”.

Es por todo lo antedicho que se considera que los medios de comunicación poseen una responsabilidad en la construcción de la imagen de los niños, niñas y adolescentes, que no sólo es del orden moral o ética, sino que también acarrea obligaciones de orden jurídico.

El desafío por venir es ajustar las prácticas sociales a la legislación vigente, que tiene un desarrollo muy importante en esta materia, incidiendo en la generación de contenidos de los medios, en las pautas de abordaje del periodismo, y en estimular a jóvenes, docentes, padres y demás actores sociales a desarrollar un análisis crítico de cómo los medios presentan a los jóvenes, para a tomar conciencia del efecto de exclusión social y ejercicio de violencia sobre los jóvenes de los sectores no abarcados en las representaciones hegemónicas.

Un periodismo con enfoque de derechos

 Resulta imprescindible que los periodistas asuman su labor con un “enfoque de derechos”, ya que gracias a esta perspectiva, es posible acercarse a los niños y niñas como personas titulares de derechos inherentes a su condición de seres humanos, igual que los adultos, que son por su carácter jurídico, de obligado cumplimiento. Ello implica que las acciones de las instituciones y, entre otros, de los medios de comunicación a la hora de informar sobre los niños y niñas, no deban considerarse sólo una obligación moral sino jurídica, y que su incumplimiento puede hacer incurrir en responsabilidad. Los niños deben ser tratados por los medios de comunicación no sólo como personas con necesidades que deben ser atendidas, sino como sujetos titulares de derechos universales.

Los medios de comunicación masivos, como ya hemos dicho, tienen una gran incidencia en el fenómeno de la violencia social y una responsabilidad respecto de las representaciones que generan, especialmente como formadores de opinión. De allí se desprende el poder y la responsabilidad de las y los periodistas, desde su tarea cotidiana, de contribuir a la modificación de estereotipos e imágenes negativas hacia representaciones que permitan ver a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y ciudadanas con derechos y como actores sociales valiosos y relevantes en el desarrollo de la sociedad. Más que como promesas del futuro, como realidad del presente. Aún sin el mismo poder de incidencia de los medios de comunicación, cada uno de los actores sociales puede aportar a no reproducir o develar y desenmascarar las representaciones sociales que vulneran los derechos de los jóvenes, estigmatizándolos, excluyéndolos y privándolos de oportunidades. Todos podemos colaborar en no prejuzgar, admitir y dar credibilidad a las distintas maneras de ser joven que se construyen en la complejidad de las sociedades del siglo XXI.

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